Siete de cada 10 colegios en España han implantado ya el horario continuo. La pandemia de Covid-19 ha cronificado un modelo que tiene efectos negativos en el empleo. Según el primer estudio que analiza el impacto de la jornada escolar de los hijos en la situación laboral de los padres, las clases sólo por la mañana hacen perder a las familias 8.000 millones de euros cada año.
El think tank EsadeEcPol publica hoy una investigación que apunta que esta pérdida de ingresos se concentra en un 66% en las madres, que son las que mayoritariamente dejan de trabajar o reducen sus horas laborales para cuidar a esos hijos que salen pronto del colegio. Este dinero que no se ingresa equivale a una menor recaudación en el IRPF de 1.200 millones de euros al año, según unos cálculos que han realizado a partir de los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE.
El trabajo observa una brecha de género a causa de la jornada continua. Las madres españolas de hogares cuyos hijos atienden a una escuela matinal y no tienen un servicio de cuidados perciben 1.850 euros brutos menos al año. En el caso de los padres, la pérdida es de 970 euros.
En cambio, en los hogares donde las familias tienen ayuda para cuidar a sus hijos, las madres aumentan sus ingresos laborales brutos en 3.290 euros al año, ya que no se ven obligadas a abandonar por completo el mercado laboral para dedicarse a la crianza o a reducir sus horas de trabajo.
Lucas Gortázar, director de Educación de EsadeEcPol y uno de los autores del estudio, explica que el horario intensivo -una «rareza organizativa» en otros países- estaba presente en un 51% de centros antes de la pandemia y ahora ha pasado al 71%, según la encuesta que han realizado en colegios de Infantil y Primaria de toda España. El País Vasco es la única región que se resiste y apuesta por la jornada partida, que supone dar clases por la mañana y por la tarde, con más recreo, almuerzo temprano y una pausa más larga después de comer.
Los autores piden volver a este horario partido tradicional o, por lo menos, que la decisión no se tome de forma individual en cada colegio, sino que se adopte en las consejerías autonómicas teniendo en cuenta la evidencia científica disponible.
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