Un juez de Madrid ha anulado la sanción de dos meses sin sueldo y traslado forzoso de Luis Carlos Pérez, el director del instituto Ciudad de Jaén, donde estudiaba Arancha, de 16 años, que en mayo de 2015 se suicidó por bulling.El expediente disciplinario de la Comunidad de Madrid, cerrado un año más tarde, acusó al directivo de retrasar “durante más de un mes” las medidas disciplinarias y la expulsión del acosador, también alumno del centro, de su edad. «“Esto provocó prolongar la situación de riesgo en la que se encontraba la alumna acosada”, señalaba el documento oficial. En la sentencia se afirma que la Comunidad, obligada a pagar las costas del juicio, no debería haber penalizado a Pérez por falta de rendimiento, porque esa sanción está prevista para otras conductas.
Además, la Comunidad justificó la sanción en que las medidas tomadas contra el acosador no se registraron formalmente y el juez cree que esto tampoco es imputable a Pérez porque “no provocó ninguna indefensión” ni al agresor ni a la víctima. La dirección del centro siempre mantuvo que había activado el protocolo de acoso, pero que la inspectora no se llevó el dosier.
La sentencia, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, defiende al centro escolar ubicado en Orcasitas, un barrio obrero de la capital, y con riesgo de hacinamiento, que ha estado en la picota de la Comunidad: «Según se desprende de todas sus actuaciones, estuvieron dirigidas a comprobar y evitar el acoso, debiendo solventar determinadas dificultades que les presentaban las mismas partes implicadas». Y carga contra la labor de inspección: «Es representativo el comportamiento de la inspectora, que era a quien correspondía controlar la situación e intervenir en el caso de pasividad por parte del centro, ya que estuvo informada del asunto».
Mientras se investigaba el caso, la Comunidad de Madrid suspendió seis meses de empleo y sueldo al director, así que cuando finalmente se cerró el expediente y se le sancionó con dos meses y traslado forzoso un año, la Administración tuvo que devolverle cuatro meses de salario. Un portavoz de la Consejería de Educación señala que la Comunidad no ha recibido aún la sentencia, pero que la estudiarán «y estaremos a lo que digan los tribunales».
La asociación de directores de institutos de Madrid (Adimad), disconforme con el castigo, emprendió entonces una batalla legal para restituir el buen nombre de su compañero. Se hizo cargo la abogada Carmen Perona, del gabinete jurídico de CCOO. La justicia en primera instancia le da la razón. El equipo de dirección del centro fue destituido, mientras Pérez se ha sentido todo este tiempo, y así lo expresó en EL PAÍS, «chivo expiatorio de un caso de acoso escolar».
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