La «ley maestra» ha abierto un falso debate sobre la «gratuidad» de la educación. Gratuidad total, suena bien, pero estamos hablando de financiar el colegio de los hijos de las élites, cuando no hay recursos para nuevos centros escolares públicos.
La educación es más que un servicio público, es un derecho humano fundamental. Y deben ser las administraciones públicas las que aseguren su carácter universal y gratuito a través de la educación pública. Omnia sunt communia. Todo es de todos, pero cuando la educación es un negocio, deben pagar quienes lo utilizan. Es un principio democrático básico. Es absurdo que con los impuestos de todos se paguen privilegios.
Gratuidad total, suena bien, pero es una trampa que esconde un ataque a la educación pública. Estamos hablando de financiar el colegio de los hijos de las élites, mientras no hay recursos para nuevos centros escolares o nuevos grupos en centros públicos. Pedir financiar la privada es un escándalo, cuando Madrid solo va a gastar el 2,39% de su PIB en educación en 2022, frente al 4,26% de media en España; o cuando solo gastó 52 millones en inversiones en infraestructuras educativas en 2020. Con este modelo, las familias de zonas populares estarían financiando con los recortes en sus centros públicos los colegios privados a las familias adineradas.
Para mejorar la equidad y calidad educativa se necesita doblar la inversión, un Programa de Construcciones de Centros Públicos y un Plan de actuación de la Inspección para evitar cuotas ilegales. Es urgente extender la red de escuelas infantiles públicas de 0-3 años y crear 30.000 plazas públicas de Formación Profesional.
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