La educación para personas adultas se estanca en los recortes. Un 40% menos de financiación, un profesorado que ha disminuido un 17,50% y una Asociación de Directores de Enseñanza de Adultos de la Comunidad de Madrid (Adeacam) en pie de guerra, hartos de que la consejería no revierta los tijeretazos que se aplicaron con la pasada crisis. “Además, tenemos que soportar la competencia desleal con centros privados, a los que la Comunidad subvenciona indirectamente con dinero del Fondo Social Europeo», dice Juan Ramón Duarte, director en Parla y tesorero de Adeacam. La Comunidad niega las cifras.
La región cuenta con 69 centros de educación de personas adultas (CEPA) con más de 36.000 alumnos. Se trata de templos de la segunda oportunidad. Lugares donde empezar de cero o retomar un camino que un día se torció. El único requisito para reengancharse a la vida académica es haber cumplido los 18 años, aunque excepcionalmente se admite a personas de 16 con un contrato laboral, deportistas de alto nivel o con ofertas de Formación Profesional Básica, nivel 1. El objetivo es proporcionar una educación orientada a completar o ampliar la formación académica, el acceso a distintos niveles educativos y profesionales y la integración.
Pero la tijera se ha ido cebando con este alumnado vulnerable. En 2009, el presupuesto destinado a los centros de mayores rondaba los 57 millones de euros anuales. Desde 2017, reciben unos 34. A eso hay que unirle el hecho de que entonces contaban con 1.323 profesores para cerca de 36.000 alumnos y ahora no llegan a los 1.100. La Comunidad se agarra a otro dato. “A pesar de que en los últimos años el número total de alumnos ha disminuido de forma considerable —de 62.242 en el curso 2009/2010 a los 36.190 en este—, el cupo de profesores en los CEPA ha disminuido en mucha menor cuantía en proporción al número de alumnos, mejorándose la ratio de alumnos por profesor”, argumenta un portavoz de la Consejería de Educación, que asegura también que en 2009 el presupuesto rondaba los 39 millones. Pero eso no cuadra con las estadísticas del ministerio, que sitúa esos 62.000 alumnos como algo puntual, una realidad modificada con la crisis económica que empezó en 2008 y se recrudeció en 2012.
“La gente se quedó en paro y hubo una avalancha de matriculaciones. Y, mientras, los profesores iban bajando en goteo. Si había jubilaciones, no se cubrían esas plazas… Y así hasta ahora, con más de 200 profesores menos que en 2009. Lo que hace la consejería es comparar las cifras de alumnos con ese pico que era completamente anormal. Trampea los datos”, se queja Duarte.
Para CC OO, que asegura que los CEPA llevan “una década de recortes”, es hora de que recuperen “todo lo que se les ha arrebatado”. Al final, explica Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza, afecta a uno de los sectores de la población “más vulnerable”.
Rosalía Velenciano, de 61 años, es una alumna matriculada en Nivel I de la ESO. Trabajó en el “sector de la limpieza” y cuando se quedó en paro quiso explorar otros caminos. El año pasado decidió apuntarse al Ramón y Cajal de Parla y, ahora, mantiene su plan: deja a su nieto en el colegio por la mañana y se va a estudiar para aprender lo que en su día no pudo: “Es lo mejor que he hecho”.
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