Los estudiantes de Bachillerato podrán presentarse a la Selectividad con una asignatura suspendida si cumplen una serie de condiciones y así lo decide el equipo de profesores. Y de forma excepcional, la etapa podrá organizarse en tres cursos, en vez de en los dos tradicionales. Son dos de las principales novedades que contiene el borrador de decreto que regulará el Bachillerato a partir del curso que viene y al que ha tenido acceso EL PAÍS. La norma adapta estos estudios posobligatorios al nuevo marco creado por la Lomloe, la ley educativa aprobada en diciembre.
En la ESO (Educación Secundaria Obligatoria) la repetición de curso ya no estará determinada directamente por el número de suspensos, pero en Bachillerato sí. Del primer curso al segundo, se podrá pasar con un máximo de dos materias pendientes, como en la actualidad. Pero en segundo, “excepcionalmente”, se podrá titular y, por tanto, ir a la Selectividad, con una materia pendiente siempre que el equipo docente considere que el alumno ha alcanzado los objetivos de la etapa; no haya faltado a clase de forma “continuada y no justificada”; que se haya presentado a los exámenes de la materia, incluida la prueba extraordinaria, y su calificación media en todo el Bachillerato, incluyendo la materia suspendida, alcance, al menos, un cinco.
Con carácter igualmente excepcional, el Bachillerato podrá organizarse en tres años académicos. La posibilidad, que deberán concretar las comunidades autónomas, se dará en los siguientes supuestos: que los alumnos cursen simultáneamente enseñanzas profesionales de música o “acrediten la consideración de deportista de alto nivel o de alto rendimiento”; que requieran “una atención educativa diferente a la ordinaria por presentar alguna necesidad específica de apoyo educativo”, o aquellos “que aleguen otras circunstancias que, a juicio de la correspondiente Administración educativa [esto es, de las autoridades educativas autonómicas], justifiquen la aplicación de esta medida”.
Las comunidades, que tienen buena parte de las competencias en la materia, deberán “disponer los medios necesarios” para que el alumnado que requiera “una atención diferente a la ordinaria” (por ejemplo, los que presentan una diversidad funcional) “pueda alcanzar los objetivos de la etapa” siguiendo los principios de “normalización e inclusión”. Las adaptaciones metodológicas y de evaluación que se realicen en el caso de estos chavales “en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas”.
El borrador del nuevo decreto, que está previsto que sea aprobado en las próximas semanas, después de que se pronuncien sobre él las comunidades autónomas y organismos como el Consejo Escolar del Estado, aumenta la autonomía de los centros educativos. Los institutos “desarrollarán y adaptarán” el currículo del Bachillerato (esto es, lo que se estudiará en cada materia y cómo se evalúa) “adaptándolo a las características del alumnado y a su realidad educativa”. Los centros podrán introducir “experimentaciones, innovaciones pedagógicas”, formas de organización distintas, ampliaciones del calendario escolar y del horario lectivo siempre que lo autorice la comunidad y se respeten otras normativas, como la laboral.
Las familias de los estudiantes, mientras estos sean menores de edad, “deberán participar y apoyar la evolución de su proceso educativo, colaborando en las medidas de apoyo o refuerzo que adopten los centros para facilitar su progreso”. El Bachillerato podrá impartirse parcialmente en lenguas extranjeras, pero la admisión en los centros sostenidos con fondos públicos deberá respetar los criterios establecidos por la Lomloe, entre los que no podrán incluirse “requisitos lingüísticos”.
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