Están nerviosas. Es la primera vez que se sientan frente a unos focos para hablar de los problemas de la educación. Ellas, las cuatro, son profesoras de primaria de la escuela pública y lejos de hablar de mejoras en el salario o en la jornada laboral, les preocupan los alumnos, los contenidos a los que están expuestos y la cada vez mayor desigualdad del sistema, que genera «colegios de primera y de segunda». Tienen claro que los que están fallando son los políticos,incapaces de llegar a un pacto de Estado por la educación y lamentan que la enseñanza se use como arma arrojadiza. Han perdido la esperanza en los partidos; no creen que ninguno saque adelante reformas a la altura. Ante las elecciones generales tratan de describir las grietas de la escuela para ver si alumbran a algún político. Coinciden en el diagnóstico general: falta financiación.
«Siempre he creído en el poder compensador de la escuela, pero se está perdiendo», comenta Esther Estebaranz, maestra de 58 años del colegio madrileño Bravo Murillo. «Estamos creando colegios gueto», añade Estefanía Martín, de 60 años y profesora del Camilo José Cela, en el que también dan clase las otras dos docentes presentes. Creen que los años «magníficos» en los que la pública elevó su nivel ya pasaron y que ahora se está clasificando a los niños en diferentes colegios en función de los ingresos de sus familias y de su clase social. «Trato de pelear contra eso cada día, pero siento que estoy frente a un muro», añade Estebaranz.
Los datos les dan la razón. En los últimos años, la Comisión Europea y la ONU han urgido a España a revisar y aprobar políticas que frenen la llamada segregación escolar —separación de los niños en diferentes escuelas según su perfil socioeconómico—, que afecta al 46,8% de los centros educativos del país. Nueve de cada diez son públicos, según un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid.
La «falta de regulación» sobre la concertada y el pago de cuotas por parte de las familias son para estas cuatro profesoras dos de los puntos débiles del sistema. «El problema del colegio concertado es el segundo apellido: sostenido con fondos públicos. Tuvo sentido en los ochenta, cuando la escuela pública no podía asumir tanto alumno y el Estado no podía construir a esa velocidad, pero hoy ya no está justificado», analiza Estebaranz.
«La concertada es una trampa porque, en teoría, se rigen por las mismas normas que nosotros, pero en la práctica eso es mentira. Ellos eligen a su alumnado», indica Beatriz Flores, maestra de 41 años. Critican también la forma en la que los concertados escogen al profesorado: «No pasan los mismos controles que nosotros», «su contratación depende de quién les recomiende», «o de si son amigos del director», comentan. «Cobran menos», añade otra. Eso sí, tienen claro que ellas ganan en libertad de cátedra.
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