Medidas como la prohibición de ceder suelo público para conciertos u obligar a los centros a tener «áreas de influencia» y un reparto equitativo del alumnado según su origen socioeconómico para evitar la segregación están inspiradas en los resultados de las políticas educativas populares en Madrid, según admiten responsables de la ley.
Cuando se pregunta a altos cargos del Gobierno –o del PSOE o Unidas Podemos– sobre los cambios que afectan a la escuela concertada en la LOMLOE (popularmente, la ‘ley Celaá’) una muletilla se cuela cada pocas frases a la hora de poner ejemplos concretos: «Como sucede en Madrid». Es una constante que repiten unos y otros y que ha dejado su poso por toda la norma: desde la prohibición de la cesión de suelo público a centros con concierto hasta la pretensión de repartir equitativamente al alumnado por toda la red financiada con fondos públicos para evitar la segregación, pasando por la supresión de la repetida expresión «demanda social» para apuntalar centros concertados o la obligatoriedad de publicitar las plazas libres de profesorado de los centros privados sostenidos con fondos públicos.
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