El 90% de los colegios concertados cobra a las familias cuotas obligatorias irregulares. Es un secreto a voces, aunque ahora sustentado en datos recogidos en un informe que hoy han presentado en la Asamblea de Madrid la FAPA Giner de los Ríos y la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE). El método se repite en todos los centros subvencionados por fondos públicos: se ofrecen clases particulares, de refuerzo o de apoyo, todo como un extra de carácter voluntario pero que, si no se paga, acaba con el niño excluido o señalado frente a sus compañeros.
Esta práctica es especialmente grave teniendo en cuenta que la Ley Orgánica del Derecho a la Educación establece que se debe garantizar la gratuidad de las enseñanzas obligatorias en centros sostenidos con fondos públicos. El consejero de Educación, Enrique Ossorio, señaló a este periódico su intención de seguir abriendo conciertos, siempre que las familias lo solicitaran. Madrid tiene en la actualidad 557 colegios concertados.
El informe lo ha realizado una consultora privada y especializada en mystery shopper, que por cuarto año consecutivo prueba las irregularidades en los cobros de la concertada madrileña. Varias personas se presentaron en 50 colegios concertados para realizar entrevistas simulando ser familias que tenían interés en matricular a sus hijos. Los datos obtenidos revelan que no existe voluntariedad en las cuotas de los colegios subvencionados y que el 100% solicita un pago mensual para escolarizar al alumnado que ronda los 153 euros de media. En definitiva, las familias desembolsan anualmente más de 3.000 euros por cada hijo que curse la enseñanza obligatoria en estos colegios, entre gastos de cuota fija, complementaria y comedor.
De los 50 centros visitados, el 90% señala claramente que al ser «un colegio concertado» los precios que se deben pagar son los que se les presentan a los entrevistados. Tan solo cinco indican de manera clara que es una cuota voluntaria.
La investigación prueba que, en comparación con años anteriores, han aumentado los casos de discriminación, en los que el impago de la cuota implica la exclusión del alumno. Estos casos los protagonizan el 44% de los centros que aparecen en el informe, los cuales manifiestan que, si no se paga la cuota, el alumno no podrá asistir a las actividades. La solución que ofrecen algunos de ellos es la posibilidad de que la familia se haga cargo del estudiante en las horas en las que se organizan actividades a las que se les prohíbe acceder, o bien ubicarlo en otra sala con o sin atención. En casos puntuales, se le prohíbe participar en determinadas actividades que se desarrollan dentro del horario lectivo, asistir a una excursión o participar en la foto de la orla, si los padres no quieren o no pueden pagar. Es decir, el alumno es apartado del grupo físicamente en otra sala y a veces sin atención.
“Las familias están desprotegidas ante tales abusos que suponen un menosprecio del niño cuyos progenitores no quieren o no pueden pagar una cuota que por ley no es obligatoria. A su vez, para unos padres es complicado enfrentarse al propio colegio en el que estudian sus hijos, por lo que es lógico que las familias también acepten un copago por miedo a que oponerse signifique un daño emocional en sus hijos o a que se sientan discriminados”, analiza Elena Cid, directora de CICAE. “Nos parece una trampa para que determinados empresarios se financien cuando además son centros sostenidos con dinero público. Si quieren hacer negocio, que se vayan a la privada”, reclama Cid. “La pregunta es: ¿por qué la Administración permite esto?”.
Los colegios concertados ofrecen una estructura de precios que no permite a las familias decidir pagar o no aquellas cuotas que legalmente tengan carácter voluntario. En algunos casos, aglutinan diferentes conceptos de cobros dentro de un importe global y en otros imponen la contratación de servicios para poder acceder a otros recursos o actividades.
A su vez aumentan los colegios que no mencionan que la cuota tiene un carácter no lucrativo, el 64% no repara en ello en la información que ofrecen a las familias en las visitas. La ley indica que si estos centros generan lucro con la percepción de estos cobros es una falta grave, motivo de retirada del concierto.
Los propios colegios aseguran que indican que las cuotas son voluntarias para cumplir con la ley, pero la realidad es que el impago supone apartar al niño de las actividades que se producen en horario escolar. Además, muchos de ellos omiten el contenido exacto de dichas actividades de pago o el horario en el que se imparten.
Para seguir leyendo, pincha aquí.