La Asociación por la Transparencia y los Derechos Humanos ha interpuesto una denuncia contra el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Rafael van Grieken, por presunta prevaricación en el cierre del instituto Pérez Galdós previsto para el curso que viene y que pasará a ser una Escuela Oficial de Idiomas.
El colectivo ha registrado este lunes la denuncia por prevaricación contra el consejero en los juzgados de instrucción de Plaza Castilla, acompañado por representantes del AMPA del IES, los diputados de Podemos Beatriz Galiana y Miguel Ardanuy, y miembros de CCOO. La demanda también reclamaba la suspensión cautelar del cierre.
Los denunciantes manifiestan en su denuncia que no se ha procedido a abrir un expediente administrativo de cierre que permitiera a las familias poder alegar contra la medida, por lo que se vulneran sus derechos.
También se alude al artículo 87.4 de la Ley Orgánica de Educación (LOE) que recoge el derecho de los estudiantes a terminar su educación en el mismo centro en el que se matricularon, un derecho que para la asociación denunciante se ha vulnerado.
La portavoz de la Asociación de Padres y Madres del centro, Cielito Recio, ha dicho que se han puesto a los padres «todas las trabas legales» por parte de la Consejería y cree que todas las actuaciones emprendidas para el cierre «son irregulares».
«Mi hija quiere seguir estudiando en este centro pero no solo es su deseo, sino que es su derecho», ha asegurado Recio para indicar que el proceso de cierre se ha realizado con una «velocidad vertiginosa» sin dar posibilidad a los padres para tratar de alegar contra esta medida emprendida por la Consejería de Educación.
Además, considera que la directora del centro forzó a los menores para que rellenaran un documento para elegir otro centro el año que viene y que con el cierre también se suprime un aula para atender a alumnos con necesidades especiales. Por otro lado, cree que con el traslado de alumnos los otros institutos presentarán aulas «masificadas».
La portavoz de la asociación de padres afirma que la Consejería ha utilizado la «burocracia» y que no les ha dado acceso al supuesto expediente de cierre y que Educación lleva años poniendo «trabas» a la matriculación del centro para luego alegar baja matriculación. En consecuencia, cree que el cierre estaba planificado por la Administración regional.
Por su parte, la presidenta de la Asociación para la Transparencia y los Derechos Humanos, Carmen Pérez, ha asegurado que este colectivo de reciente creación ha presentado esta denuncia por «falta de transparencia de la administración» que no ha permitido acceder a los datos y actos administrativos que permitan «una defensa» por parte de los afectados ante el cierre.
«Se trata de la defensa de unos derechos que están siendo en estos momentos vilipendiados», ha comentado la presidenta, quien considera que las actuaciones del consejero pueden suponer un presunto delito de prevaricación. A su vez, justifica la demanda para defender la educación pública en la Comunidad de Madrid, que a su juicio está «seriamente comprometida».
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