La importancia de la educación es múltiple: desarrollo integral de la persona, igualdad de oportunidades y equidad social, formación de ciudadanos críticos y comprometidos. Además, el sistema educativo debe contribuir a propiciar una salida de la crisis y un nuevo modelo productivo basado en una mayor cualificación y en el empleo decente de los trabajadores. La primera medida para cumplir estas finalidades es derogar la LOMCE, que es su antítesis. Y, por supuesto, recuperar todo lo recortado.
El 17 de julio de 2013 la oposición acordó derogar la LOMCE cuando hubiera cambio político. Suscribieron el acuerdo PSOE, IU.ICV-CHA, CiU, PNV, ERC, BNG, Coalición Canaria, Amaiur, Compromis- Equo y GeroaBai, es decir, la práctica totalidad del parlamento menos el PP. Entre las nuevas fuerzas políticas que han aparecido, Podemos está claramente por la derogación, mientras que la posición de Ciudadanos es muy ambigua escudándose en la muletilla del “pacto educativo”.
Es la que ha impuesto –o acordado- con el PSOE en su pacto para la investidura. Este acuerdo es muy inquietante porque supone que el PSOE se olvida de su compromiso: solo habla de paralizar el calendario de aplicación de los aspectos que no han entrado en vigor de la ley. Eso está bien, pero es insuficiente, porque la ley se sigue desarrollando en los centros. En el acuerdo PSOE-C’s proponen un “pacto educativo” a negociar en seis meses. Es el intento de enmascarar la falta de un compromiso claro de derogación de la LOMCE con una especie de buenismoelectoral, más aún cuando la investidura no tiene ninguna posibilidad de prosperar.
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