El próximo curso, todos los centros educativos, ya sean públicos, privados o concertados, deberán contar con un coordinador de bienestar y protección, que será la figura de referencia en los centros a la que los niños podrán acudir en caso de que sean víctimas de violencia, desde el bullying al abuso o maltrato. Serán los responsables de actuar ante casos sospechosos y de velar por que se cumplan los protocolos contra cualquier forma de violencia contra la infancia. Para entonces esta figura también deberá estar operativa, bajo el nombre de delegado de protección, en las entidades que realicen actividades deportivas y de ocio.
Así lo ha acordado este lunes la conferencia sectorial de infancia, que reúne a las comunidades autónomas y al Ministerio de Derechos Sociales, y que ha acordado una hoja de ruta para desplegar las medidas contenidas en la ley de protección de la infancia frente a la violencia, que fue aprobada el pasado mayo y que es pionera en cuanto a reconocimiento de derechos de los niños y adolescentes, pero exigirá un gran despliegue normativo por parte de las autonomías y del ministerio hasta poder aplicarse por completo.
El acuerdo ha sido aprobado por 10 autonomías, seis se han abstenido (con la intención de consultar previamente con las consejerías de educación) y solo el País Vasco ha votado en contra. Durante la tramitación parlamentaria de la ley, el PNV ya había mostrado su rechazo por motivos competenciales. El pacto no es vinculante, pero se trata del primer acuerdo del Gobierno con las autonomías para avanzar en labores de coordinación durante el despliegue de la ley.
El coordinador de bienestar y protección del alumnado será la figura de referencia en los centros educativos para todo asunto relacionado con la violencia o con la prevención de la misma. Estará supervisado por el director y su labor será, básicamente, que se cumplan los protocolos de prevención de la violencia y de buen trato. Será quien actúe ante casos sospechosos. Entre sus tareas, según se especifica en la ley, estará la de promover planes de formación sobre prevención, detección precoz y protección de los menores, tanto para el personal como para los propios estudiantes, la de identificarse ante la comunidad educativa como el principal referente para las comunicaciones relacionadas con violencia en el centro o en su entorno, y la de coordinar los casos que requieran intervención por parte de los servicios sociales, así como de las fuerzas de seguridad.
“Es una tarea urgente que incluimos en la ley y que debemos poner en marcha tan pronto como sea posible”, ha dicho durante el encuentro la ministra, Ione Belarra, en referencia a esta figura. “Deben ser la pieza clave que se encargue de que se implementen los planes y protocolos en el ámbito educativo y en el ocio y el deporte, de escuchar a los menores y sus avisos sobre cualquier tipo de violencia, y de comunicar situaciones de riesgo”, ha añadido, algo que “no puede esperar más”. En el curso 2022-2023 deberán estar completamente operativos. Y en el segundo trimestre del próximo año, la conferencia sectorial hará un análisis del grado de articulación y desarrollo de estas figuras.
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