El conocido como veto parental ha llegado a los tribunales. El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha presentado este martes un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) contra el Gobierno autónomo —gobernado por el Partido Popular y Ciudadanos con el apoyo de Vox— por la resolución de su Consejería de Educación que obliga a los centros educativos a pedir autorización escrita a los padres para que sus hijos asistan a actividades escolares impartidas por personal externo.
Además, el ministerio, que presentó un requerimiento hace un mes al Gobierno de Murcia antes de litigar en los tribunales, ha solicitado «con carácter de urgencia, la adopción de medidas cautelares que consisten en la suspensión de las instrucciones recurridas», según su departamento de prensa. Eso obliga al TSJM a decidir en un breve periodo si suspende el veto parental inmediatamente y de forma temporal mientras estudia con calma su anulación definitiva. «No hay un plazo tasado para resolver la medida cautelar», explica una portavoz del ministerio.
El Gobierno de Murcia ya reafirmó este lunes que no iba a echarse atrás en su decisión del veto parental, aunque el 29 de enero rebajó la medida y anunció que solo lo aplicará si los padres lo piden expresamente. Y Murcia no tiene visos de querer ir muy lejos en esta guerra con el Ejecutivo. “La autorización familiar para actividades complementarias […] no la vamos a retirar salvo que una instancia judicial nos lo pida”, afirmó este lunes el consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán. Es decir, Murcia deja la puerta abierta a cerrar la polémica si le fuerza el TSJM. Acatará la resolución judicial con la “tranquilidad” de que “las cosas se han hecho bien”, según Celdrán.
Todo el “ruido” generado en torno a este asunto tiene “un claro componente de vendetta política” hacia una comunidad gobernada por el PP y Ciudadanos, en palabras de Celdrán. Además, su consejera de Educación, Esperanza Moreno, plantó el pasado viernes a la ministra Isabel Celáa. Fuentes del ministerio aseguran que el encuentro estaba programado desde 10 días antes. Todos los consejeros del ramo están reuniéndose con la ministra.
En agosto de 2019 el Gobierno de Murcia publicó unas instrucciones que obligan a los centros a informar sobre las actividades complementarias que van a organizar, los contenidos, la duración y las personas que las van a impartir. Y exige a las escuelas que se lo transmitan a los padres para que den su conformidad cuando los talleres los imparten personas ajenas al centro. Pero el Gobierno central recuerda que estas instrucciones “no han sido objeto de publicación en un diario oficial” y asegura que exceden de su perímetro, “pretendiendo generar efectos jurídicos más allá del ámbito autoorganizativo interno”. La guerra estalló cuando la Consejería de Educación anunció a finales de enero su intención de modificar los decretos educativos que fijan los currículos de primaria y secundaria para blindar por ley la medida que desde el inicio del curso 2019-2020 se aplica como una instrucción.
Para el Ejecutivo, el veto parental vulnera el derecho de los alumnos a la educación —como se recoge en la Constitución—, cuando esta busca el “desarrollo de la personalidad humana en el respeto de los principios democráticos”. Y argumenta que frente a este derecho de educarse, es “un derecho accesorio que asiste a los padres que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones”.
Vox pretende imponer el veto parental en aquellos lugares en los que gobiernan PP y Ciudadanos con su respaldo. En Murcia lo ha logrado y Madrid ha tomado una medida sin ninguna repercusión pero con la que se intenta contentar al partido de Santiago Abascal. La Comunidad de Madrid ha enviado una carta a los centros públicos y concertados para que divulguen con antelación su programa educativo cuando ya lo hacían. Mientras en Andalucía, donde Educación depende de Ciudadanos, este partido se resiste. En Galicia, donde el PP gobierna con mayoría absoluta, Alberto Núñez Feijoó mira para otro lado. También lo hacen en Castilla y León, donde PP y Ciudadanos no dependen de Vox para mantenerse en el poder.