- La Universidad española necesita repensar con urgencia su estructura y su forma de operar para poder seguir cumpliendo su importante función social. El acceso a los estudios universitarios de alumnos procedentes de familias de renta media y baja fue uno de los principales motores del elevador social en nuestro país. Tener estudios universitarios sigue siendo hoy un importante factor de progreso y protección social. Como demuestran los datos del último informe de la Conferencia de Rectores (CRUE), los jóvenes universitarios presentan una tasa de paro muy inferior al resto y perciben una remuneración que llega a ser hasta un 52% superior a la media de quienes tienen estudios secundarios. Tampoco hay, en términos relativos, demasiados universitarios. En el curso 2017/2018 estaban matriculados en alguna universidad el 31,6% de los jóvenes de 18 a 29 años, apenas un 1,5% más que la media de la OCDE.
Así pues, tanto por dimensión como por la calidad de los resultados académicos, la Universidad española se sitúa en la franja alta de los sistemas universitarios europeos. Pero las titulaciones están muy descompensadas y, sobre todo, no se corresponden con la demanda del sistema productivo. Esta falta de adecuación puede convertirse en un lastre para el desarrollo económico y social del país. Eso explica que, aun teniendo una situación privilegiada respecto del resto de jóvenes con menor cualificación, la tasa de paro de los universitarios españoles sea la segunda más alta de la UE: un 8,4% frente a un 3,9% de la media comunitaria. Pero lo más preocupante es que el 37,6% de los universitarios trabajan en empleos de una cualificación inferior a su titulación.
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