El agua es un bien común, necesario para la vida, que se debe gestionar sin ánimo de lucro, con criterios de solidaridad y cooperación, acceso universal, equidad, control democrático y sostenibilidad medioambiental y social. Además, su provisión a los ciudadanos tiene la condición de derecho humano, que los poderes públicos deben garantizar.
Así debería ser, pero el neoliberalismo ha convertido el agua en un gran negocio, una de cuyas expresiones más notable es la venta de agua embotellada, que a través de potentes campañas publicitarias, ha extendido su uso a amplias capas de la población, a pesar de ser mucho más cara, menos segura y producir mayores impactos ambientales, que el agua de grifo. En España es muy importante el negocio del agua embotellada: en 2017 se produjeron 7.700 millones de litros, siendo el cuarto país europeo en producción y el tercero en consumo.
Cabe preguntarse, por qué, si el agua de grifo es buena, en los restaurantes, bares y lugares públicos y privados, nos ofrecen directamente agua embotellada. La respuesta es muy sencilla: por los enormes beneficios económicos que da la venta de este producto.
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