Desde su anuncio, hace más de seis meses, se han ido sucediendo los rechazos contra la Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior (LEMES) con la que el gobierno de Cifuentes pretende reformar las universidades. Manifiestos, informes oficiales de sindicatos, de asociaciones, un comunicado de los representantes de estudiantes de las seis universidades públicas… Lo último, un contundente comunicado de todos los rectores de las universidades públicas madrileñas que supone un verdadero varapalo al proyecto.
Los rectores exigen «cambios sustanciales» en todos y cada uno de los aspectos fundamentales de la ley. No dejan títere con cabeza y aluden al nuevo sistema de financiación, a la intrusión política en la gobernanza, a los requisitos para la creación de nuevas universidades privadas, al trato a los estudiantes, a las nuevas figuras contractuales, etcétera. No queda en pie ni uno solo de los pilares de la LEMES.
Todos los colectivos y representantes de la comunidad universitaria coinciden en que la Ley de Cifuentes pretende trampear la autonomía universitaria para ejercer un control político inaceptable. Las críticas por la ambigüedad del texto, por la falta de concreción jurídica y la chapucería con la que se ha redactado son ampliamente compartidas. Pero lo más notorio no son las críticas, sino la absoluta falta de apoyo. Hasta la fecha y al margen de sus impulsores directos, nadie ha apoyado la LEMES. El silencio es atronador.
Un desaguisado como este solo podía ser cocinado con una total falta de transparencia, algo que caracteriza especialmente al Director General de Universidades de Cifuentes, José Manuel Torralba. Tras proclamar a los cuatro vientos un proceso participativo, escogió cinco personas a dedo, una representación irregular de los equipos de gobierno universitario —que acabaron por criticar el proyecto— y un representante de estudiantes que abandonó la mesa tras ver el escaso interés por sus opiniones. Es decir, se quedó solo con sus cinco amigos. Por el camino hizo caso omiso del resto de la comunidad, de los partidos políticos, de los sindicatos, de las asociaciones, de los expertos… Ni grandes figuras de la investigación ni figuras internacionales. Nada. Apenas se ha cambiado desde entonces una sola coma sobre los aspectos más relevantes.
La LEMES desprecia los problemas más importantes de la universidad, como la precariedad del profesorado, los precios prohibitivos de matrícula, la falta de becas o la maltrecha situación de las cuentas de las universidades como resultado de los recortes. El olvido de la trágica situación laboral del personal de administración y servicios es insultante. ¿Los estudiantes? Apenas le importan a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Ni una garantía sobre mejora de sus condiciones.
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