Comisiones Obreras ha impugnado la prueba externa de tercero de Primaria, fijada para este miércoles y jueves tras publicarse hoy la convocatoria en el BOCM con «los plazos ya caducados e imposibles de cumplir», y anuncia «acciones de carácter legal» si Educación no suspende la prueba que está externalizada.
Además de costar «más de 330.000 euros, las pruebas son nulas de pleno derecho por fraude de ley. Los plazos son imposibles de cumplir, estamos a menos de 48 horas» de su inicio, ha dicho la secretaria de Enseñanza Isabel Galvín, para quien Educación había omitido las fechas, 10 y 11 de mayo, para «evitar la contestación de las familias».
A su juicio, «es escandaloso que la consejería no cumpla el principio de legalidad vigente», ya que se requieren al menos «cinco días antes de la prueba para que los inspectores se reúnan con los centros; tres días para revisar si la plataforma digital funciona, ya que no está previamente regulada», y un plazo de «48 horas hábiles para informar a las familias».
De ahí que CCOO haya presentado hoy un recurso administrativo, después de que Educación remitiera a los colegios el pasado viernes 5 de mayo, «después de las 2 de la tarde, una resolución firmada por las dos viceconsejeras, que resulta ser la primera disposición sobre las pruebas» hasta la publicación hoy en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).
Aunque la empresa a la que se ha adjudicado la organización de las pruebas recibirá más de 330.000 euros, los colegios tendrán que «costear y hacer las fotocopias, más de 2.000», lo cual supone, además de asumir los gastos de impresión, un trabajo extra al profesorado «sin contraprestación alguna», continúa Galvín.
«Pedimos la suspensión de la prueba y de no hacerlo la consejería, emprenderemos acciones legales de carácter general o individual para las familias y el profesorado afectado», según la secretaria para quien los padres deberían «objetar a esas pruebas que no sirven para nada, ni deben tener ningún valor académico», y que el propio Ministerio de Educación ha flexibilizado, añade.
La publicación hoy de la convocatoria vulnera «el principio de publicidad, transparencia y buen gobierno», al dificultar e incluso «imposibilitar la información y el ejercicio de derechos fundamentales como el de protesta o el de impugnación».
También vulnera los «derechos del alumnado con dificultades de aprendizaje, puesto que al ampliar los tiempos de los exámenes al alumnado con dislexia, DEA o TDAH no se les permite los mismos descansos que al resto del alumnado, pese a que deberían tener más precisamente por sus dificultades», señala CCOO en un comunicado.
Asimismo, critica «la obligación de las familias de cumplimentar el cuestionario de contexto y recibir los resultados por vía telemática a través de la plataforma antes mencionada y, si no fuera posible, obligación de los centros de «asumir el auxilio de dichas familias, con el probable colapso de funcionamiento» en algunos.
CCOO reclama «la paralización inmediata de estas pruebas y llama a la Administración a cumplir el Principio constitucional de Legalidad por el que ha de regirse la actividad gubernativa y educativa, y a respetar la dignidad profesional y los legítimos derechos del profesorado, del alumnado y de las familias».
Concluye el comunicado advirtiendo de «acciones legales de no rectificarse el atropello, así como la defensa jurídica a todos aquellos profesionales cuyos derechos sean vulnerados».
Fuente: www.lavanguardia.com