Esta situación se sucede todos los años, pero en los últimos ejercicios, a pesar de la recuperación económica, se ha producido un incremento notable. Es más, es notorio este aumento desde la entrada en vigor de la reforma laboral, en 2012, ya que ésta permite mayor flexibilidad en contratación y en la salida laboral.
Sin embargo, a partir del mes de septiembre, ocurre el fenómeno inverso. Es decir, esa ingente cifra de profesionales de la enseñanza, sobre todo de colegios y centros privados -también, en menor medida, de interinos del sector público-, volverán a ser contratados cuando se reanude la actividad docente.
Se trata de un eterno fraude de ley que los sindicatos y los inspectores de Trabajo han denunciado, de manera reiterada, sin que los gobiernos articulen medida alguna para evitar esta diáspora laboral, a pesar de la situación de la Seguridad Social. Coincide, además, con las vacaciones que les corresponden a los trabajadores, aunque empieza a extenderse la práctica de contratar a los profesores por nueve meses, es decir, sólo por el periodo lectivo.
De esta forma, las empresas y centros concertados se ahorran el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social en los meses estivales. Además, en muchos casos, trasladan la carga económica a la caja del paro, ya que los trabajadores que acumulen, al menos, un año de cotizaciones podrán cobrar la prestación durante estos meses y el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) correrá, además, con sus cotizaciones durante este tiempo.
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