Los últimos movimientos del gobierno de PP, con la pretensión de invalidar una decisión del Congreso de los Diputados, demuestran que, lejos de intentar alcanzar el consenso en leyes como la LOMCE a través de la consecución de un pacto educativo, seguirá manteniendo un estilo de gobierno autoritario que desprecia el diálogo con el resto de los partidos políticos y con la comunidad escolar, a pesar de encontrarse en minoría.
La proposición de ley presentada por el PSOE en el Congreso de los Diputados el pasado jueves, y admitida a trámite con los votos de toda la oposición, venía a derogar el Decreto de “reválidas”, repudiado por toda la comunidad escolar, y se situaba como paso previo a la derogación de la LOMCE y su sustitución por un proyecto de ley básica de educación acordado y construido con la comunidad educativa.
Frente a esta realidad nos encontramos con la sorpresa de que la Proposición de Ley ha sido impugnada por el Gobierno a la mesa del Congreso, como antesala de su impugnación ante el Tribunal Constitucional, mostrando un estilo de gobierno que tampoco respeta a las instituciones del Estado.
Cuando acaban de declarar que en esta legislatura no utilizarán más los reales decretos ley, previstos para modificar leyes en situaciones de urgencia, que actuaron como rodillo desde su mayoría en la Cámara baja (han utilizado cerca de ochenta en la anterior legislatura) y se abrirían al consenso y acuerdo con el resto de fuerzas políticas, vuelven a traicionar su propósito. Han sacado el primer real decreto ley para el tema de las “reválidas”, más que para contentar a la comunidad educativa (solo rebajan las exigencias de estas pruebas por un tiempo no definido), para tomar las riendas del pacto de la educación. Además de desacreditar al Parlamento, en una votación donde estuvieron de acuerdo el resto de fuerzas parlamentarias, nos indican que la verdadera pretensión del Gobierno con el pacto educativo es el mantenimiento de la LOMCE, mediante una operación de maquillaje de una ley que es considerada promotora de la desigualdad, la privatización y el conocimiento productivo.
Un gobierno soberbio que no respeta las instituciones, ni la democracia representativa y busca los resquicios de la ley para imponer su voluntad, está desacreditado para el impulso de un pacto educativo que implique la participación directa de la comunidad escolar, interlocutores sociales y el resto de los partidos políticos. Creen solo en los expertos que comulgan con su ideología.
Frente a su argumentación de que la paralización de las “reválidas” puede afectar a los ingresos del Estado, pensamos que es la implantación de éstas lo que encarecería enormemente el presupuesto.
Estamos ante un gobierno autoritario ante el resto de fuerzas políticas y ante su ciudadanía. El PP confunde el ejercicio del gobierno que detenta con el manejo a su antojo del Estado. Ahora bien, en un régimen democrático la soberanía es de los pueblos, no del gobierno, lo que implica que el gobierno respeta las instituciones y a los representantes legales y no se sirve de su posición para reforzar su poder político y hasta económico.
