En Vicálvaro ya no cabe un alfiler en los tres institutos públicos del distrito. El laboratorio y la biblioteca de uno de ellos se han reconvertido en aulas, los alumnos comparten su escaso espacio vital entre ellos y se pelean hasta con “unos grifos” para tomar con comodidad los apuntes en sus improvisados pupitres. Pero Vilcálvaro no es una excepción. Pasa en Usera, San Blas-Canillejas o Villaverde. En total, la alarma por la educación pública ha saltado en nueve de los 21 distritos. Dicho de otra manera: los 40.000 alumnos entre 12 y 18 años que hay en esas zonas afectadas se tienen que repartir entre 16 institutos públicos: no habría plaza para todos. Los padres, por tanto, solo tienen dos soluciones: o trasladan a sus hijos a distritos aledaños o asumen la educación concertada (con 33 centros en total en esos nueve distritos).
«Ya no pueden hacer ni los exámenes”, se queja Loli Elola, presidenta del AMPA y de la FAPA del distrito Vicálvaro, donde numerosas familias llevan peleando más de cinco años para que construyan un nuevo instituto y amplíen uno de los centros. Pero solo se han topado con ironías de la política: la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció en diciembre que financiará un centro concertado en el barrio de El Cañaveral que estará listo en el curso 2021-22. Tampoco es una sorpresa. Ya lo dijo Enrique Ossorio, el consejero de Educación, en una entrevista con EL PAÍS el pasado octubre: “Si los padres quieren concertada, habrá más concertada”.
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