Por Paula Guisande Boronat | Las dificultades materiales de la clase trabajadora para acceder a estudios superiores no son nuevas, como tampoco lo es el escaso compromiso de los poderes públicos para facilitarlo.
Las dificultades materiales de la clase trabajadora para acceder a estudios superiores no son nuevas, como tampoco lo es el escaso compromiso de los poderes públicos para facilitarlo. Por no hablar de las trabas u obstáculos dispuestos para proteger la educación superior de la masificación, a conservarla como espacio de formación y socialización de las élites. No vamos a descubrir nada que no podamos ver en un repaso a nuestra historia reciente. Pero aumenta la indignación el hecho de que se esté aprovechando la excusa de la crisis para reforzar estos aspectos, aumentando las exigencias y las barreras para acceder a la educación postobligatoria.
El Ministerio de Educación ha endurecido los requisitos para acceder a las becas y ayudas al estudio en el curso 2013-14, lo que afecta a un importante número de alumnos y alumnas de enseñanzas post obligatorias: Formación Profesional, Bachillerato y Universidad. En la Comunidad de Madrid, además, las tasas han sufrido un espectacular aumento, acumulado en los últimos cursos. En el caso de la FP, las tasas de los ciclos de grado superior experimentaron un incremento del 120 por ciento con respecto al curso 2012-2013, estableciéndose en 400 euros anuales. Hasta ese curso, los ciclos formativos de grado superior eran gratuitos, como lo siguen siendo en otras comunidades autónomas.
Pero no solo en el endurecimiento de requisitos para obtener una beca o el aumento indiscriminado de las tasas se han centrado las reformas del Partido Popular. Además, han fijado requisitos más duros para mantener la beca y que los estudiantes no se vean obligados a devolver el importe concedido. El gobierno central y el regional interpretan las becas y ayudas como dádivas y no como un mecanismo de redistribución de la riqueza y compensación de desigualdades, como medio para garantizar la igualdad de oportunidades.
En el caso de la devolución del importe de la beca, hay que decir que ya estaba contemplado, pero la novedad de este curso es que aumentan las exigencias para que esa devolución no se haga efectiva. Un ensañamiento con los jóvenes que menos recursos tienen, los que más necesitan las ayudas y que menos facilidades tienen para estudiar. Para no devolver la ayuda, los estudiantes han de superar la mitad de los créditos o asignaturas y certificar la asistencia al 80 por ciento de las clases.
Según datos del Ministerio de Educación, en el curso 2011-2012 alrededor de 6.500 estudiantes universitarios y 3.400 de ciclos formativos han tenido que devolver el importe concedido. Con los nuevos requisitos la cifra podría dispararse. CCOO estima que 10.000 personas podrían verse afectadas por estas medidas sólo en la Comunidad de Madrid.
Estas políticas están condicionando el futuro de una generación para la que no existen plazas suficientes en algunas enseñanzas, que no puede terminar sus estudios por el elevado precio de las tasas, y cuyas oportunidades de empleo son escasas.
Lo cierto es que nos expulsan de las aulas, nos roban el futuro, nos fuerzan a emigrar. Quieren colocarnos en el que consideran que es nuestro sitio, pero no lo vamos a permitir.