Los mayores obstáculos que todavía hoy siguen impidiendo la igualdad efectiva de mujeres y hombres están relacionados con la necesidad de revisar las relaciones entre los espacios públicos y privados, así como con la urgencia de compartir equilibradamente los derechos y responsabilidades que unas y otros hemos tenido tradicionalmente en un pacto social condicionado por el contrato sexual previo. Ello exige, de una parte, incidir en los mecanismos de ejercicio del poder, tanto político como económico, con el objetivo de que las mujeres participen de él en plena igualdad de condiciones con los hombres, además de modificar unos métodos que continúan respondiendo al modelo de racionalidad masculina.

De otra parte, esa transformación de lo público debe ir acompañada de una revisión de los roles que mujeres y hombres hemos asumido históricamente en los espacios privados y, muy especialmente, en lo relacionado con las responsabilidades familiares. Todo ello sumado a la diversidad que encierra el mismo concepto de familia y que, poco a poco, vemos como supera los estrechos márgenes del marco heteronormativo.

A estas alturas puede parecer una obviedad decir que mientras que las mujeres se han ido incorporado, no sin dificultades, a lo público, los hombres no lo hemos hecho en la misma medida a lo privado. Pero en ocasiones es necesario reiterar lo obvio para poner de manifiesto lo mucho que nos queda por hacer en materia de igualdad de género.

Estos retos pendientes pasan por la suma inevitable de políticas públicas en las que de una vez por todas se apliquen con seriedad el denominado mainstream de género y de cambios en las actitudes, comportamientos y referentes que durante siglos han servido para conformar el modelo de la masculinidad hegemónica. En cuanto a las primeras, es urgente que las política de igualdad se planteen como objetivo prioritario la acción sobre nosotros y con nosotros, a través de medidas como los permisos de paternidad personales e intransferibles o, en general, de toda una serie de actuaciones que permitan entender que la conciliación de la vida familiar y laboral no es una responsabilidad de las mujeres sino que debe ser una obligación repartida equilibradamente entre ellas y nosotros.
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