El curso pasado se quedaron 30.000 personas sin plaza de Formación Profesional (FP) en la Comunidad de Madrid en primera opción. Es un tema especialmente sangrante y pasa todos los cursos porque la oferta de plazas públicas es muy insuficiente respecto a la demanda existente. Si la vergonzosa gestión de la Consejería de Educación no garantiza el derecho a proseguir los estudios y la formación ¿por qué están empeñados ahora en querer cerrar ciclos formativos?
Hay una ofensiva del gobierno del PP de la Comunidad de Madrid (CAM) de cierre simultáneo de ciclos de Formación Profesional (FP) en numerosos institutos madrileños. Es el caso de los institutos Vallecas I, Rodríguez Valcárcel de Moratalaz, Francisco de Goya de la Elipa, Ciudad de Jaén y Pradolongo de Orcasitas-Usera, Pérez Galdós y La Cañada de Torrejón entre otros. En ellos la Consejería ha decidido cerrar ciclos de electricidad, electrónica, informática, automoción, gestión y finanzas, administración de empresas, etc. Se da la circunstancia de que todos son centros en barrios populares y localidades muy castigadas por la crisis y el paro. Y la sensación de pérdida que le queda a los afectados y a los barrios cuando se impone un atropello de este tipo es la misma que cuando un pueblo desaparece cubierto por las aguas de un pantano. Algunos, como el IES Vallecas I, llevan hasta 75 años impartiendo FP.
Se argumenta desde la Consejería que los cierres de ciclos formativos se hacen por razones de reorganización y de rentabilidad. Hay que dudar de esto, porque no hay ninguna planificación de la escolarización en estos barrios ni en los de nuevo desarrollo donde se va a remolque de las demandas sociales. Por otro lado, hay que denunciar el abandono de la inversión en la mejora de los talleres y equipos, a pesar de recibir fondos para ello de la Unión Europea. En cuanto a la supuesta rentabilidad económica los criterios de la Consejería no atienden a lo que debe ser la búsqueda de la máxima rentabilidad de la educación: formar buenas personas, profesionales y ciudadanos. Garantizando así la cohesión social, la igualdad de oportunidades y algo más importante aún: la equidad o dar más a quien más lo necesita.
La razón de fondo es continuar el proceso salvaje de agresión y privatización de la educación pública. Una privatización más sutil que en otros sectores: no se trata de vender colegios sino de ir vaciándolos de alumnado que se deriva a la privada sostenida con fondos públicos (concertada). Después de haberlo hecho con la decisiva etapa de la Educación Infantil de 0 a 3 años, de suprimir unidades en las aulas públicas de Primaria y Secundaria, ahora toca atacar al segmento de la FP. Y abrir, así, nuevas oportunidades para aquellos que hacen de la educación un negocio económico o ideológico. Al romperse el principio de cercanía a su domicilio, el alumnado puede optar por la oferta concertada más próxima, que cada vez es más amplia. Es muy descarada la maniobra.
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