El jueves 28 de abril, la comunidad educativa participante en la elaboración del “Documento de Bases para una nueva Ley de Educación” se ha reunido con los partidos políticos en el Congreso de los Diputados, para plasmar en un Acuerdo Social y Político las bases comunes de una nueva ley que dé estabilidad al sistema educativo.
La pluralidad de colectivos y organizaciones sociales, de padres y madres, estudiantes, sindicales y políticas, que han participado en elDocumento de Bases para una nueva ley educativa ha tenido la ocasión de debatir y consensuar la dirección que debe adoptar un modelo alternativo de escuela que asuma como principios fundamentales el derecho a la educación y la igualdad “buscando el respaldo y acuerdo de los partidos políticos que tengan voluntad de transformar y mejorar el actual estado de la educación”.
“Entendemos que el documento consensuado por la comunidad educativa y los profesionales de la educación es de amplia aceptación; es decir, incorpora todas aquellas cuestiones en las que participamos y en las que estamos de acuerdo que desde los profesionales de la educación y la propia comunidad educativa contribuirán a lograr un sistema educativo basado en el reconocimiento de la educación como un derecho humano universal”. Plantear las bases de una ley educativa democrática, que busque la equidad del sistema educativo, con la que podamos llegar a un acuerdo social y político, requiere de un esfuerzo democrático importante, explican.
Entienden que la única forma de dar estabilidad al sistema educativo es partir de un acuerdo social y político construido desde la base que la respalde, y de una apuesta por la educación como una herramienta básica de transformación y mejora de la sociedad.
La jornada se ha desarrollado con una mesa redonda sobre “La educación que queremos y necesitamos”, donde se ha presentado el Documento de Bases para una nueva ley educativa por parte de los componentes de la sociedad civil y de la comunidad educativa que han participado en su elaboración. Representantes de algunos de los colectivos que han elaborado esta propuesta como el Foro de Sevilla, CEAPA, Marea Verde Madrid, el sindicato FE-CCOO, los sindicatos STEs y CGT, los “Movimientos de Renovación pedagógica”, Europa Laica, la “Plataforma para la defensa de la educación infantil 0-6” o el colectivo “La educación que nos une” han tomado la palabra para explicar algunos de los aspectos más importantes de la misma:
1. La universalidad del derecho a la educación mediante una oferta suficiente de escolarización pública y gratuita de 0 a 18 años que garantice el éxito escolar de todo el alumnado. Con una apuesta firme por la etapa 0-6 y la Formación Profesional.
2. La reafirmación de los principios orientadores del sistema educativo: igualdad, diversidad, inclusión, participación, laicidad, coeducación, sostenibilidad, autonomía, cooperación y otros valores democráticos.
3. La defensa de un sistema regido por el principio de inclusión en la organización del centro educativo y en el currículo, donde cada alumno y alumna tenga el apoyo necesario y en el momento en que lo necesite.
4. La Laicidad del sistema educativo, lo que significa sacar la religión en sus formas confesionales, del currículo y del ámbito escolar.
5. La creación de una red única de centros de titularidad y gestión pública que progresivamente, y de manera voluntaria y negociada, integre a los centros privados-concertados.
6. Un currículo inclusivo que reconozca la diversidad individual, cultural y sexual, la igualdad entre los sexos y la crisis ecológica.
7. Disponer de un profesorado comprometido y reconocido que actúen como verdaderos educadores/as y no sólo como enseñantes, formados en contenidos que sobrepasan los conocimientos específicos de las asignaturas y potenciando la cultura de la investigación e innovación educativa.
8. La formación permanente como derecho y obligación del profesorado en constante actualización.
9. Garantizar la estabilidad de las plantillas docentes, su autonomía y la igualdad de condiciones.
10. Una dirección representativa, colegiada, voluntaria y renovable, con una limitación en el tiempo en el desempeño del cargo.
11. Aprobar una nueva ley de participación educativa que garantice la implicación real de la comunidad, abierta a las organizaciones sociales de los barrios, a colectivos educativos y sociales y asociaciones de padres y madres y estudiantes, así como a la colaboración entre políticas sociales y educativas que favorezcan la equidad y la cohesión social.
12. Reclamar una política presupuestaria para educación que nos devuelva de inmediato, al menos, a la situación previa a la crisis y que se haga explícito el compromiso para estabilizar un aumento progresivo del gasto en educación hasta el 7% del PIB. Crear un fondo de compensación educativa para paliar desigualdades entre territorios.
13. Utilizar la evaluación como instrumento necesario para mejorar los procesos educativos. No realizar pruebas externas que produzcan la homogeneización del aprendizaje y su utilización en la confección de ránquines, que jerarquicen los centros y den pie a la segregación del alumnado.
Fuente de la información: https://porotrapoliticaeducativa.org