La mayoría de los partidos de la oposición rechazan la reforma educativa del PP y también su puesta en práctica. Cinco partidos políticos —PNV, PSOE, IU, CiU y UPyD, a los que se suma parte del grupo mixto— han reclamado este miércoles al ministro José Ignacio Wert en el Congreso de los Diputados que no se aprueben los decretos que regulan las evaluaciones externas en primaria, secundaria y bachillerato que recoge la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).
El PNV ha defendido una moción, que se votará el jueves y que previsiblemente tumbará el PP gracias a la mayoría absoluta, en la que reclama “un proceso de diálogo” con las comunidades autónomas, los grupos parlamentarios “ya la sociedad civil” para conseguir “un amplio consenso” antes de aprobar los decretos que regulan las evaluaciones «y de todas aquellas nuevas disposiciones que en desarrollo de la Lomce sea preciso evacuar”.
Además de las pruebas previstas en 3º de primaria, cuyos exámenes se desarrollan en la mayoría de las comunidades autónomas a lo largo del mes de mayo, la reforma prevé exámenes al terminar los tres ciclos educativos. En 4º de secundaria y segundo de bachillerato, además, los alumnos deberán aprobar para obtener el título y poder seguir estudiando.
La prueba final de bachillerato incluye 350 preguntas tipo test con cuatro respuestas a elegir. Las preguntas del futuro cuestionario estarán divididas en tres bloques. Uno primero con 200 versará sobre las materias troncales. El resto serán sobre materias optativas (100 preguntas) y específicas (50) elegidas por el alumno.
La diputada del PNV, Isabel Sánchez Robles ha subrayado la “absoluta soledad” del PP en la reforma educativa y que actúe “a golpe de decretazo, revalizado y mayoría absoluta”. “Es del género tonto destruir lo que funciona en lugar de mejorarlo”, ha dicho la diputada durante su comparecencia para defender la moción.»El objetivo no es mejorar la educación, es homogeneizarla en todos los territorios e imponer un modelo educativo», ha señalado desde Martí Barberà (CiU).
El diputado Mario Bedera (PSOE) ha recordado que cinco comunidades autónomas (Andalucía, Canarias, Asturias, Cataluña y País Vasco) plantaron al ministro en la última conferencia sectorial de Educación, celebrada el 21 de abril y con las reválidas en el orden del día, “harta de ser tratadas como los antiguos gobernadores civiles”.
Parte del rechazo a estas pruebas de evaluación se basa también en la posible elaboración de rankings que comparen los resultados de centros y de alumnos. Para Ricardo Sixto (IU), estas clasificaciones tendrán un efecto sobre los alumnos más rezagados: “Los malotesquedarán relegados a formar parte de la mano de obra barata”, ha dicho en la Cámara.
UPyD respalda la moción aunque “no es cierto que las reválidas per se sean perversas”, según el diputado Carlos Martínez Gorriarán, que pide un acuerdo para “que sean útiles” y “no se siembre el caos”.
La diputada del PP Sandra Moneo ha considerado, por su parte, que el debate persigue “intereses particulares” y “electoralistas”. “Expliquen a las familias qué hay de malo en que tengan información fiable y certera de sus hijos, del resto de colegios y del resto de centros”, ha defendido la diputada, que asegura que estas pruebas garantizan la “igualdad de oportunidades”.
Fuente de la noticia: http://politica.elpais.com/politica/2015/05/13/actualidad/1431520972_244007.html