Compartimos este artículo de Jesús Rogero García publicado en eldiario.es
En España, es ya tradicional el debate entre los defensores de la educación pública y los de la educación privada concertada. La cuestión de fondo radica en qué papel debe jugar el Estado: si debe existir una amplia red de centros públicos o si, por el contrario, estos centros deben ser subsidiarios de la educación concertada y privada. Entre las novedades que introduce la LOMCE y que han pasado más desapercibidas en los medios de comunicación están las referidas a los centros concertados. La más significativa es que, a partir de ahora, las administraciones educativas no garantizarán plazas suficientes en centros públicos, como han hecho desde 1985, sino que “garantizarán la existencia de plazas suficientes” a secas, es decir, en centros públicos o concertados.
Se abre así la puerta a una mayor expansión de la educación concertada, retocando sustantivamente un statu quo que ha durado casi treinta años. Por tanto, cabe plantearse cuáles son las motivaciones de una apuesta tan deliberada por la red de centros concertados, así como cuáles serán sus implicaciones en términos educativos.
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