«Esto no es una fundación ni una orden católica, es una SL (Sociedad Limitada)». «Es el proyecto educativo de este colegio, si no, hay tres colegios públicos en Humanes a los que se puede ir que no ofrecen este complemento».
Respuestas como estas se han encontrado los autores del informe Estudio de Precios de Colegios Concertados, realizado por la Fapa Giner de los Ríos y la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE), cuando han acudido de incógnito (fingiendo ser padres de futuros alumnos) a centros privados sostenidos con fondos públicos en la Comunidad de Madrid a preguntar por las condiciones de acceso.
El informe se ha basado en esta edición en la llamada «nueva concertada» en la comunidad, colegios creados desde 2001 a partir de la cesión de suelo público en la región sin tener en cuenta siquiera el proyecto educativo del centro, según los definen desde la FAPA. Son centros en muchas ocasiones de ideología ultraconservadora y que en parte fueron los elegidos por Francisco Granados, exconsejero de Presidencia de Esperanza Aguirre, para obtener sus mordidas, en ocasiones de hasta un millón de euros.
Las conclusiones del informe son claras: el 100% de los centros piden una cuota a las familias y en el 90% de ellos son obligatorias, algo que prohíbe expresamente la ley. Los autores del informe han visitado 50 centros en la comunidad y se han encontrado que se les exigía cuotas de 153 euros de media (la horquilla va desde los 90 a los 205 euros), cantidad que sube hasta los 3.000 euros por hijo y año cuando se le añade la cuota complementaria y el comedor, según el texto.
La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha asegurado que los datos con los que cuenta la administración regional «no coinciden» con los de este estudio. Desde 2015 los inspectores han remitido más de 300 informes de subsanación de errores a los centros concertados, y un solo procedimiento sancionador». Además, explican que no tienen «constancia» de que «ningún alumno haya sido expulsado por no haber pagado la cuota voluntaria». Sin embargo, aclaran: «Las cuotas voluntarias que pagan las familias son una relación directa y exclusiva entre las propias familias y los centros educativos, y la Comunidad vela por el cumplimiento de la normativa».