El curso escolar ha comenzado de forma más caótica que nunca. A la indolencia de siempre de la administración educativa (nombramientos tardíos, regateo de grupos y de cupo de profesores…) se unen los recortes y los primeros pasos de la LOMCE en Primaria y el fracaso de la implantación de la Formación Profesional Básica. La situación en los centros es de fuerte malestar por el endurecimiento de las condiciones en las que se realiza el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Por ello, 349 personas pertenecientes a la comunidad educativa de un instituto público de Vallecas han firmado una declaración de protesta por los recortes que les han afectado al comienzo de curso. Se denuncian los recortes de becas de libros, el despido de interinos que no han examinado en septiembre; la insuficiente atención a la diversidad; la negativa a cualquier comisión de servicios por ser un centro de difícil desempeño de la labor docente, que ha supuesto disolver el equipo de mediación y convivencia; la no concesión de un nuevo grupo de bachillerato habiendo 35 alumnos en lista de espera (no funciona eso de la libertad de elección de centro cuando las familias eligen la pública); la no sustitución de las bajas de hasta quince días y de licencias como la de matrimonio, con lo que el alumnado pierde semanas de clase; la sustitución de la profesora de servicios a la comunidad que hacía un espléndido trabajo desde hace años con 80 alumnos gitanos para destinarla a otro centro… En fin, es un ejemplo concreto que conozco bien por ser mi centro de trabajo.
Pero lo más grave de la situación son las elevadísimas ratios de alumnado en las aulas. Tenemos 35 alumnos en algunos grupos de la ESO y 38 en otros de bachillerato. Y no nos vale el argumento de la aplicación técnica de una normativa que es injusta y pedagógicamente negativa. Esta saturación de las aulas resta calidad educativa porque más alumnos supone menor atención a cada uno de ellos. Y, por supuesto, impide aplicar los desdobles necesarios en los laboratorios de ciencias y en otras materias.
Este es el principal ataque: empezaron ampliando la jornada lectiva y ahora nos abarrotan de alumnos las aulas. Los resultados son el despido de decenas de miles de profesores y el abandono de la atención a la diversidad. ¿Se imaginan lo que es intentar educar a 25 o hasta 28 niños de tres años como pasa en algún colegio del barrio? No es lo mismo educar a 25 que a 35 en ESO y en torno a 40 en bachillerato, ratios normales en comunidades como Madrid. Con ello se niega el derecho a aprender con éxito a todo el alumnado, algo reservado a aquellos que tienen una mejor situación socioeconómica. Por no hablar del empeoramiento de las condiciones laborales de los docentes.
Las ratios altas dificultan la innovación pedagógica y las prácticas democráticas y participativas. El desarrollo de técnicas de aprendizaje cooperativo y trabajo en equipo, proyectos de investigación, exposiciones en el aula, etc. No es posible con las aulas pequeñas y hacinadas desarrollar una escuela dialógica, que sea un aprendizaje de democracia y de ciudadanía. Lo expresa muy bien Juan Sánchez-Enciso:
“La tarea de los que innovamos, de los que apostamos porque el aula sea un espacio de diálogo y de aprendizaje comunicativo, está llena de contradicciones. Algunas actuaciones no son técnicas, sino políticas. Convertir en espacios democráticos y participativos los que han sido diseñados para la obediencia y el silencio forma parte de una lucha política. Crear comunidades de aprendices donde cada día se refuerza la desigualdad radical entre profesores que saben y enseñan y alumnos que no saben y que solamente pueden aprender, también es una decisión política”. ‘(Con)vivir) en la palabra’.
Esto es lo que busca la LOMCE, la saturación de las aulas, unos currículos exhaustivos y memorísticos, y las reválidas. Por ello hay que hacer frente a esta política que está dinamitando la educación pública. Aumentando el compromiso y la cooperación de toda la comunidad educativa en los centros. Implicando a la ciudadanía del entorno y recuperar la movilización. En este sentido no se entiende las reservas de la dirección de CEAPA y de algún sindicato a las movilizaciones de comienzo de curso, cuando más necesarias son y cuando más posibilidades de obtener resultados tienen por la debilidad del Gobierno (véase la retirada de la Ley del Aborto).
La Marea Verde, el Sindicato de Estudiantes y otras organizaciones sindicales, sociales y políticas han convocado una semana de lucha con huelga de estudiantes el 21, 22 y 23 de octubre, y manifestaciones de toda la comunidad educativa el 23-O en muchas ciudades del Estado. Hay que salir a la calle, como también habrá que votar en consecuencia en el decisivo año electoral 2015. Se trata de conjurarnos para revertir los recortes y recuperar la inversión educativa, las plantillas, la jornada y volver a unas ratios razonables de alumnos por clase. Porque esa es la cuestión: educar o pastorear.
Fuente de la noticia: www.cuartopoder.es